Tawny Jiménez, de visita en Riverside, nos habla del graffiti con cierta frustración. “Es un tema que me disgusta,” dice la joven profesora de arte. “En la mayoría de países se considera al graffiti un género artístico. En California se le considera como vandalismo,” agrega.
Pero Teresa Fons, estudiante de San Jacinto Community College, no opina igual que Jiménez. Fons piensa que el graffiti debe desaparecer pues afea edificios y calles. No encuentra arte en “esos garabatos que ni se entienden”.
De todas formas, cuando le preguntamos a Teresa qué pena impondría a las personas que hacen pintas o marcan los muros de la ciudad no tiene respuesta. Al cabo de un minuto dice que tampoco le gusta que haya tantas cosas prohibidas.
“Está prohibido fumar, beber en las playas, hacer carreras de autos, pintar bardas. Me pregunto si son necesarias tantas prohibiciones,” comenta.
El departamento de obras públicas de la ciudad de Riverside define graffiti como “La inscripción, palabra, figura o diseño no autorizados que sean pintados, marcados o grabados en cualquier superficie, ya sea en propiedad pública o privada […]” Siendo congruente con esa definición en noviembre la ciudad convocó entre las escuelas secundarias y preparatorias un concurso de cartel y video cuyo contenido combatiera el graffiti. Este próximo mayo la ciudad premiará las entradas ganadoras.
En el condado de Riverside, como en los vecinos condados de Orange y San Diego, las leyes contra el graffiti se han endurecido debido, en gran parte, a que el graffiti revela y representa rivalidad entre pandillas juveniles y agrupaciones delictivas que se reparten la geografía urbana ejerciendo dominio sobre calles y personas, por fuera de la ley.
El graffiti ha generado también el repudio social y quejas, sobre todo cuando las pintadas aparecen en las bardas de casas o en parques y escuelas. Muchas ciudades mantienen líneas abiertas para la denuncia de infractores y ofrecen recompensas para las personas que denuncien a los graffiteros.
El alto volumen de llamadas denunciando el graffiti muestra que hay un interés por parte de la sociedad que expresa agravio por su causa, pero las autoridades no consideran suficiente el involucramiento de la sociedad civil.
Según Pete Sánchez, un jubilado de la policía de Los Ángeles, las familias se niegan a tomar medidas severas en sus casas y negocios pese a las normas que limitan la compra de aerosoles y otra parafernalia usada por los graffiteros. Algunos comercios tampoco refuerzan lo suficiente el cumplimiento de dichas normas.
Hay varias razones por las que se repudia al graffiti. Las que se escuchan con mayor frecuencia son: que abarata la ciudad, que está asociado al crimen, que coincide en zonas donde hay más pandilleros, que no es arte.
La aceptación del graffiti se da frecuentemente en personas o grupos preocupados por los graffiteros convencidos de que un programa de prevención podría encauzar los talentos invertidos en este arte callejero hacia la realización obras de trascendencia positiva no solo para los infractores, sino también para su comunidad.
Pese a los esfuerzos públicos por combatirlo, el graffiti se ha extendido desarrollando sofisticados mecanismos de decodificación de sus lenguajes secretos. Porque el graffiti se ha vuelto casi un idioma clandestino o, simplemente, un lenguaje de la calle que se transmite sin permiso y que resulta incomprensible para la mayoría.
Según información publicada por la alcaldía de Riverside tan solo en esa ciudad se gasta un millón trescientos mil dólares en remover graffiti, sin contar los gastos y molestias que ocasiona el atender las quejas del público.
En ciudades grandes, como Chicago o Nueva York, según la asociación no lucrativa Graffiti Hurts, se destinan entre tres a seis millones para el borrado de pintas en sitios públicos.
La criminalización del graffiti se debe también a que se sabe que los pandilleros se comunican a través de sus códigos, lo que ha llevado a las policías a desarrollar métodos más complejos de prevención y detención de infractores.
Uno de estos mecanismo es GARI, un sofisticado método computarizado de identificación de imágenes que recaba información a través de una amplia base de datos. GARI permite a los usuarios tomar una imagen y enviarla a través de un teléfono o tableta para obtener su interpretación casi de manera instantánea. Esta base informativa ha sido desarrollada por el centro de visualización de datos del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
También existen programas públicos encaminados a encauzar sin sancionar a los jóvenes y recuperar su arte callejero. Dos ejemplos de tales programas son GAP (Graffiti Arts Program) de Palo Alto y SPARC (Social and Public Art Resource Center) en Los Ángeles y liderado por la artista y activista Judy Baca.
Según Baca, el muralismo es una respuesta de la sociedad al bombardeo comercial del mundo corporativo. En su trabajo más sobresaliente, El muro de Los Ángeles, Baca ha logrado proyectar un método positivo de encauzar las inquietudes juveniles a través del arte callejero llamado Sites of public memory, en donde el graffiti representa ante todo un arte crítico, libre y fugaz que necesita documentarse.
Pero es difícil evitar que la sociedad esté dividida por el tema del graffiti. En un extremo, se lo ve como una forma más de la libre expresión, protegida por la constitución, tal y como ocurre con las empresas que despliegan anuncios comerciales, logos, o imágenes o campañas políticas que se anuncian y hacen visibles por vía de la propaganda. En el otro extremo, están las personas que dicen que los verdaderos artistas no cuelgan sus obras de arte en plazas y parques ni se expresan sobre los muros, las bancas de la ciudad o en las casas y propiedades privadas de otros.
